Uno de los mayores temores que viven las personas frente a una situación de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo es este: “¿Y si denuncio y después me despiden?”. Esta duda es legítima y frecuente. Por eso, la Ley Karin (21.643) no solo regula la prevención y el procedimiento de denuncia, sino que prohíbe explícitamente las represalias contra quienes denuncian de buena fe.
Las represalias pueden adoptar diversas formas: despidos, cambios injustificados de funciones, aislamiento del equipo, reducción de responsabilidades, traslado forzoso o cualquier otra medida que pueda entenderse como castigo por haber denunciado.
En este sentido, la ley protege a quien denuncia, al testigo y a cualquier persona que participe del proceso (por ejemplo, un investigador interno o quien entrega información clave). Si la desvinculación ocurre sin causa justificada o sin respetar el debido proceso, se presume como un acto retaliatorio, un desquite, lo que podría llevar a sanciones importantes para la empresa y el empleador.
La ley no establece un plazo exacto para que se considere represalia, pero los tribunales pueden analizar el contexto: si hubo una denuncia reciente, si hay relación entre quien decide la desvinculación y los hechos denunciados, y si existen señales de presión o aislamiento anteriores. En esos casos, la carga de la prueba se invierte: será la empresa quien deberá demostrar que el despido no está relacionado con la denuncia.
Además, si al momento de la desvinculación no ha finalizado la investigación interna o no se han tomado medidas de resguardo, esto puede ser considerado una vulneración a los derechos fundamentales.
Cuando las empresas cuentan con canales de denuncia bien gestionados, protocolos claros y asesoría experta, la probabilidad de incurrir en represalias disminuye. La transparencia en los procesos y una comunicación interna ética ayudan a generar confianza y reducir temores. Recordemos que prevenir represalias no solo es un mandato legal, sino una muestra de compromiso organizacional.
Denunciar una situación de acoso o violencia nunca debería convertirse en una amenaza para quien la vive. Conocer tus derechos y contar con una empresa comprometida puede marcar la diferencia.
En ILIA Consultores creemos que es posible construir entornos laborales seguros, humanos y respetuosos. Si necesitas orientación, formación o apoyo para implementar la Ley Karin en tu organización, estamos aquí para ayudarte.
